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La Comisión Futurista de los Tribunales
identificó algunas tendencias mundiales y de Puerto Rico que
afectarán al sistema judicial en los próximo 25 años.
Las principales se dan en el contexto de la demografía, la economía
global, lo social, lo ambiental y tecnológico. Se proyectan cambios
demográficos significativos para los próximos 25 años.
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La inmigración ha sido una constante en Puerto
Rico desde hace décadas. Para 1990 se registró un
aumento de 16.3% de la población no nacida en la Isla para
un total de 320,721 personas.
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En ese mismo año uno de caUn
total de 500 personas - ciudadanos, ciudadanas, jueces, juezas,
abogados, abogadas, procuradores, procuradoras, policías,
trabajadores o trabajadoras sociales, personal de secretaría,
alguaciles, alguacilas, acusados, acusadas, menores intervenidos
e intervenidas y víctimas del crimen - tomaron parte en el
ejercicio de participación ciudadana más abarcador
sobre la rama judicial.
La consulta, realizada a través de grupos
focales, tuvo el propósito de identificar la percepción
sobre los tribunales, la concepción de un sistema de justicia
ideal y las expectativas de cambio.
El ejercicio produjo el siguiente consenso:
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Puerto Rico enfrenta un futuro de crisis general y el presente
se percibe negativamente. No se visualiza futuro alguno que
no sea una proyección agravada del presente.
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Las dificultades económicas, los asuntos relacionados
con la conducta social y un sentido de desamparo ciudadano son
los problemas que presagian para los consultados un futuro cada
vez más negativo.
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Las fuerzas llamadas a encauzar la vida económica y
social son la familia y el gobierno, pero la familia se encuentra
afectada profundamente por todo tipo de personas y se percibe
al gobierno como incapaz, carente de compromiso social y corrupto.
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Los medios de comunicación son vitales a la buena marcha
de los asuntos colectivos, pero alientan litigios y controversias,
contribuyendo así a la discordia social y exacerbación
de problemas en Puerto Rico.
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Los tribunales son el bastión de la democracia y el
único lugar a donde acudir en busca de remedio. Son la
esperanza de que prevalezca un orden básico en el país
y asumirán irremediablemente responsabilidades que antes
eran de la familia y otras instituciones.
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Los tribunales cuentan con tres fortalezas: la fe básica
de los puertorriqueños en ellos, la honradez de los jueces
y la independencia judicial.
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Sus dificultades principales son la falta de recursos presupuestarios,
la lentitud en los procesos judiciales y la erosión de
la independencia judicial.
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Hay una serie de impedimentos a la consecución de justicia
a tiempo y para todos. Destacan la escasez de representación
legal adecuada para los indigentes y para los menores.
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Se perciben diferencias en el trato en función de la
base socioeconómica.
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El acceso a la justicia está limitado por falta de información
básica para las partes y por la lentitud de los procesos
judiciales.
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La población carece de un entendimiento básico
sobre el sistema de justicia.
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Parte de la judicatura presenta estilos de arrogancia, prepotencia
y actitudes grandiosas.
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Hay un enfoque equivocado en el manejo de la criminalidad mediante
el cual hay una criminalización exagerada de la conducta
y una ausencia de oportunidades de rehabilitación.
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Se necesita un sistema que permita evaluar
el funcionamiento de la rama judicial.
a 5 inmigrantes estaba desempleado y más
del 53% estaba a niveles de ingresos de pobreza extrema.
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El envejecimiento de la población y el movimiento
de las zonas rurales, las zonas urbanas seguirán presentando
retos hacia los tribunales.
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Transformaciones en la familia, una brecha mayor
entre pobres y ricos. La economía de la droga y el reclamo
para que se armonice la protección del ambiente con el desarrollo
económico son algunos de los factores que traerán
alzas en las controversias y más presión sobre los
tribunales.
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La globalización de la tecnología
informática como fuerza unificadora conllevará a una
reestructuración de la economía que implicará
grandes cambios en el derecho procesal.
Se contempla que todos los trámites administrativos
y secretariales de un caso estén automatizados y que las personas
puedan tramitar sus asuntos mediante medios electrónicos. El
uso del papel, vehículo importante en los tribunales, disminuirá
considerablemente.
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