Desarrollar un sistema administrativo uniforme que sirva de apoyo y permita acelerar los procesos judiciales.
Hacer cumplir los procedimientos administrativos establecidos para asegurar uniformidad, continuidad y eficiencia en la prestación de servicios.
Solicitar y justificar los fondos públicos necesarios para el funcionamiento del sistema.
Servir como agente facilitador con respecto a los tribunales del país, proveyéndolos de los más adecuados recursos humanos, físicos y fiscales a tono con las posibilidades presupuestarias del sistema.
Desarrollar y mantener al día sistemas de información que sirvan de instrumento para la divulgación, planificación, dirección, operación y evaluación de la actividad judicial administrativa.
Evaluar el impacto en el sistema de las medidas legislativas que puedan afectarlo.
Investigar la conducta impropia del personal de la Rama Judicial, incluso a los jueces y juezas, con excepción de los del Tribunal Supremo.
Representar legalmente a la Rama Judicial y a su personal en aquellos casos en que su representación no corresponda al Departamento de Justicia.
Hacer recomendaciones al Juez Presidente o Jueza Presidenta para mejorar el funcionamiento del sistema y para la asignación y traslado de jueces(zas), y tomar las medidas que el Juez Presidente ordene, con miras a lograr la mejor administración del Tribunal General de Justicia.