Toda persona natural que no sea abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede gestionar sus propios asuntos en cualquier corte. Este derecho a representarse legalmente por derecho propio se reconoce tanto en el ámbito civil como criminal; no obstante, no es absoluto ni ilimitado.

Distintas consideraciones podrían inducir correctamente a un magistrado a negar a las partes o a un acusado en determinados casos, la oportunidad de representarse por derecho propio en los procedimientos judiciales. Estas consideraciones deben ser balanceadas por el tribunal, atendiendo las circunstacias particulares del caso, los intereses y la capacidad de las partes, la eficiencia en la administración de la justicia y la complejidad de las controversias planteadas.

Criterios

• El Tribunal Supremo ha esbozado los criterios que se detallan a continuación:

1. La representación no puede ser híbrida esto es, la parte no puede estar representada por abogado y a la misma vez representarse por derecho propio;
2. La decisión de autorepresentarse debe tomarse voluntaria e inteligentemente y con pleno conocimiento de la responsabilidad que esto conlleva;
3. Deberá solicitarse expresamente al tribunal;
4. Deberá formularse oportunamente; mientras más adelantado el proceso, mayor la discreción del juez para denegarla;
5. El tribunal tomará en consideración la demora o interrupción de los procedimientos y sus efectos en la sana administración de la justicia;
6. Se atenderá además el factor de la calidad de la representación que la parte habrá de ser capaz de procurarse, así como la complejidad de las controversias a adjudicarse;
7. Se requerirá que el acusado o la parte cumpla esencialmente con las reglas procesales y con el derecho sustantivo aplicable, aunque no se requerirá un conocimiento técnico de los mismos;
8. El magistrado que preside el proceso no estará obligado a ilustrar a quien opte por tal derecho acerca de esas leyes o reglas;
9. El magistrado no viene obligado a nombrarle abogados asesores durante el proceso;
10. El magistrado no tiene el deber de inquirir respecto a las razones por las cuales se ha elegido la representación por derecho propio, aunque en los casos que estime conveniente podría así hacerlo.
11. El magistrado no tiene la obligación de informar al acusado o a las partes de su derecho a la autorepresentación.
12. El examen detenido de estos criterios debe llevar a las personas que no son abogados a evaluar si en su caso particular es conveniente la autorepresentación, tomando en consideración lo complejo que pueden tornarse los procesos judiciales, así como los antagonismos personales que pueden desarrollarse a lo largo del proceso.