RAMA JUDICIAL RECLAMA RESPETO A SU AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA ANTE LA COMISION DE HACIENDA DEL SENADO

La Rama Judicial de Puerto Rico compareció hoy ante la Comisión de Hacienda del Senado para discutir el presupuesto que por legislación le corresponde para el año fiscal 2007-2008.  La Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, en su ponencia reclamó es respeto a la autonomía presupuestaria y aseguró que la Rama Ejecutiva hizo un análisis restrictivo y literal  de las leyes aplicables que lo llevaron a excluir del cómputo de su fórmula de presupuesto los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU). Insistió en que su reclamo no se trata de dinero si no de “respeto al balance de los poderes constitucionales”.

“La reducción de la base presupuestaria a la que el Poder Ejecutivo somete arbitrariamente a la Rama Judicial violenta el concepto de independencia judicial fundamentado en la doctrina de separación de poderes consagrado en nuestra Constitución”, manifestó Vélez Colón durante su ponencia.

La Rama Judicial recibió su autonomía presupuestaria con la aprobación de la Ley 286 del 20 de diciembre de 2002, la cual dispuso que determinado por ciento de las rentas del Tesoro Estatal se asignaría de forma automática a la Rama.

La interpretación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) excluye del cálculo los ingresos por concepto del IVU, bajo la premisa de que sólo se deben considerar los ingresos por el arbitrio general, que era el vigente al momento de la aprobación de la Ley de Autonomía Presupuestaria de la Rama Judicial.  Para la Rama Judicial esa interpretación es equivocada ya que, entre otras cosas, la Ley de Justicia Contributiva, que estableció el IVU, dispone que el arbitrio general se sustituye por un IVU.

“Si al aprobar la Ley 286 el Legislador dispuso que el arbitrio general se considerara en la base para computar la fórmula de la Rama Judicial, y el mismo Legislador establece que el IVU sustituyó el arbitrio general, es mandatario concluir que este nuevo ingreso tiene que utilizarse para sustituir el arbitrio en la base de nuestra fórmula presupuestaria. De lo contrario, el Poder Ejecutivo vulnera unos de los usos dispuestos por el Legislador para dicho recaudo”, expresó la Jueza Administradora de los Tribunales.

La Directora de la OAT sustentó su argumento, además, en la Ley 93 del 20 de agosto de 1997, que enmienda la Ley de Gerencia y Presupuesto y la ley de Contabilidad del Gobierno y que establece que todo nuevo ingreso al Tesoro Estatal que sea establecido luego de la aprobación de esa ley se considerará renta neta a ingresar al Fondo General, a menos que se disponga lo contrario.

“Siendo el IVU un nuevo ingreso del Tesoro Estatal, y no habiéndose dispuesto lo contrario por ley, es forzoso concluir que el mismo forma parte del Fondo General, máxime cuando tanto la Ley 286 como la Ley 93 son enmiendas a la propia Ley Orgánica de la  OGP”, aseguró convencida.

Como parte de su ponencia la OAT hizo una relación de los logros obtenidos durante el pasado año. Entre ellos destacaron la inauguración de las Salas de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón, la apertura de Salas en los Municipios de Trujillo Alto y Juncos, el Consorcio en la Sala de Río Grande, la implantación de un proyecto piloto de órdenes de protección automatizadas, y la próxima inauguración de la Primera Sala Especializada en Violencia Doméstica. Resaltaron, además, los múltiples proyectos de automatización de procesos que esperan concluyan con la radicación electrónica de casos.

También resaltaron los índices de resolución de casos en los Tribunales de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, los cuales resultaron altamente satisfactorios a pesar del alza en la presentación de casos en comparación con el año 2005.  No obstante, la Jueza Vélez Colón anticipó que de no resolverse el problema de las vacantes, particularmente en el Tribunal de Primera Instancia, “para el próximo año pudiéramos no estar compartiendo con ustedes un rendimiento tan satisfactorio”.

Al presente la Judicatura tiene 12 plazas vacantes de jueces superiores y 10 de jueces municipales. A eso se deben sumar el vencimiento entre mayo y agosto de este año del término de dos jueces superiores y tres municipales que no han sido renominados así como la jubilación de otros cinco jueces superiores. Esto elevaría las vacantes a 19 jueces superiores y 13 municipales. A esto se suman dos vacantes existentes en el Tribunal de Apelaciones y una en el Tribunal Supremo.

“Conforme a la expuesto es evidente que la situación en términos generales es crítica. Es por ello que hacemos un llamado, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, para que actúen con celeridad en el proceso de renominación, designación y confirmación de jueces, de manera que la Rama Judicial cuente con las herramientas necesarias para responderles a los ciudadanos con la agilidad que esperan de nosotros”, expresó la Jueza de Apelaciones.

En la conclusión de su ponencia Vélez Colón hizo un llamado al diálogo y manifestó la disposición de la Judicatura a lograr un consenso.

“Sabemos de la encrucijada económica por la que atraviesa el Gobierno y todo el País. Es por ello, y porque como dijimos antes, nuestra defensa es de un principio por encima del dinero mismo, que estamos en la mejor disposición de llegar a acuerdos sobre la forma en que se puede honrar la asignación que nos corresponde en virtud de la fórmula presupuestaria de la Rama Judicial, de manera que no perjudique al erario. El llamado es al diálogo y a lograr consenso para resolver la situación que estamos enfrentando”, afirmó.

“Los invito a ustedes señores legisladores, al igual que invito al Pode Ejecutivo, a que se crezcan ante la coyuntura histórica y a que honren el compromiso de voluntades que quedó plasmado en la Ley 286. Los invito a respetar la autonomía de la Rama Judicial”, concluyó.

Ponencia  de  la  Directora Administrativa de los Tribunales